La determinación de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE de investigar la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, y de formular pliego de cargos tanto a él como a su gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy titular de Ecopetrol, tras la aparente violación de topes electorales por más de $5.355 millones, desató una ola de reacciones en relación con la forma en que se desarrolló la campaña del jefe de Estado durante el 2022.
Expertos en Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, que analizó las implicaciones de la decisión del CNE de investigar la campaña del primer mandatario y formularle pliego de cargos, en su condición de ciudadano y candidato presidencial, y no como gobernante en ejercicio; lo que también ha dado origen a una serie de interpretaciones sobre el tema en cuestión.
¿Qué alcance tiene la decisión del CNE de investigar la campaña de Gustavo Petro?
Lo primero que hay que mencionar, es que la investigación del órgano electoral es de tipo administrativo, que es la competencia con la que cuenta este organismo, con base en lo que definió el Consejo de Estado en su fallo del 6 de agosto. A diferencia de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del gobernante y sí cuenta con la facultad, si así lo estima, de llevar a cabo un juicio político.
Y, en consecuencia, el CNE, como el máximo organismo electoral, es el que define, como se ha mencionado por parte del alto tribunal, cuáles son los topes para cada ejercicio electoral, el calendario en el que se llevan los comicios y hasta qué está o no prohibido, en términos de financiación y las campañas.
Lo demás, será competencia de la Cámara. Habrá que ver si por parte del Consejo Nacional Electoral el caso prospera de tal forma que se dicten sanciones, sean económicas o administrativas, y si con ello se compulsan copias de su investigación al órgano legislativo, que es el que puede definir si Petro ha incurrido en prácticas que puedan costarle el cargo, o sanciones de tipo penal si hubiera lugar; teniendo en cuenta que se investiga el origen de los recursos.
Se vendrá, entonces, un periodo de 60 días en el que se adelantará la recolección formal de pruebas, análisis de estas y la declaración de testigos. Frente a los tiempos, el experto indicó que será difícil de prever cómo se lleve cabo, pues cada caso de investigación es distinto. Y luego, según se ha sabido, 15 días más para los alegatos de conclusión, con miras a definir cuál será la decisión del Consejo Nacional Electoral en este proceso.