Una investigación reveló que María Constanza Zuleta Obando consiguió su cargo con presuntas irregularidades
El Ministerio Público confirmó la falsificación de documentos de grado presentados por la supuesta abogada identificada como María Constanza Zuleta Obando. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación decidió destituirla e inhabilitarla por 12 años para ejercer cargos públicos. Este fallo surge tras identificar que la exfuncionaria utilizó títulos falsos para ocupar su posición en el Ministerio de Justicia y del Derecho.
De acuerdo con la Procuraduría, Zuleta Obando presentó un diploma y un acta de grado supuestamente emitidos por la Universidad Antonio Nariño, junto con otros documentos como una hoja de vida de la Función Pública y un certificado de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, una investigación reveló que estos documentos no correspondían a la realidad.
Hallazgos en la Investigación
La investigación realizada por las autoridades disciplinarias del Ministerio encontró que la exfuncionaria nunca completó los semestres requeridos en el plan de estudios de la carrera de Derecho. Si bien hubo una inscripción inicial en la facultad, no hubo continuidad en los estudios. Cabe mencionar que esta constatación fue posible gracias a la información proporcionada por la Universidad Antonio Nariño, la cual fue determinante en el proceso.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la conducta de Zuleta Obando como gravísima, actuada con dolo. La sanción incluye tanto la destitución de su cargo como la inhabilitación por 12 años para ejercer funciones públicas.
De igual manera, el ente de control recalcó la gravedad de la falta, señalando que el uso de documentación falsa para acceder a un cargo público representa no solo un engaño al sistema, sino también una vulneración de la confianza depositada por la ciudadanía en los servidores públicos. Este caso evidencia la importancia de los mecanismos de control y verificación en la administración pública para evitar que situaciones similares comprometan la transparencia y la ética en el servicio público. La decisión tomada por la Procuraduría envía un mensaje claro sobre las consecuencias de este tipo de actuaciones fraudulentas en el sector público colombiano.