La interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Buenaventura ha desatado una crisis humanitaria que afecta a más de 43,000 estudiantes. Para miles de niños y adolescentes, la ración del PAE no es solo un complemento, sino la única comida nutritiva del día. Su suspensión pone en riesgo directo sus derechos a la alimentación, la salud y la educación, comprometiendo su bienestar y futuro.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha intervenido, señalando graves irregularidades en la administración del programa. La entidad ha detectado inconsistencias entre los costos reportados y la cobertura real de los beneficiarios, lo que levanta serias sospechas de un posible detrimento patrimonial. Estas fallas no son errores menores, sino negligencias que tienen un costo humano altísimo.
En un ultimátum claro, la Procuraduría ha exigido que el PAE se reactive a más tardar en la segunda semana de septiembre, advirtiendo que de no hacerlo, tomará medidas disciplinarias. Esta presión busca que la administración local priorice a su población más vulnerable, garantizando que una gestión transparente y eficiente asegure el futuro de toda una generación.