Son cuatro procesos de carácter penal los cuales fueron remitidos a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justica contra el ex embarjador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
Entre las investigaciones por las cuales deberá responder como testigo Benedetti están sus declaraciones sobre la posible financiación irregular en la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022.
Según las afirmaciones que entregó el ex embajador hubo un aporte millonario de por lo menos $15.000 millones, los cuales ingresaron en la campaña presidencial, desde fuentes prohibidas.
“Este caso se abrió luego de los audios que el ex embajador Benedetti Villaneda dirigió a Laura Camila Sarabia Torres, ex jefe del Gabinete de la Presidencia de la República. El proceso está en indagación”, indicó la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado.
Los casos que se investigan son:
Enriquecimiento ilícito de servidor público: la Corte Suprema de Justicia remitió este expediente a la Fiscalía el 7 de septiembre de 2022. Actualmente, avanza en etapa de investigación.
Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas: este caso se abrió luego de los audios que el exembajador Benedetti Villaneda dirigió a Laura Camila Sarabia Torres, exjefe del Gabinete de la Presidencia de la República. El proceso está en indagación.
Delitos contra mecanismos de participación democrática: se indaga sobre posibles actividades ilícitas tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.
Interés indebido en la celebración de contratos: hechos asociados a la presunta desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (FONADE). En etapa de indagación.
Sin embargo, la Fiscalía continúa investigando la presunta financiación de la campaña que involucra a particulares, y a personas diferentes al exembajador Armando Benedetti.
Las pesquisas siguen adelantándose por la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción.