El terror se apoderó de nuevo de los caficultores de los municipios antioqueños de Anzá y Betulia después de que el Clan del Golfo emprendiera una nueva serie de amenazas e intimidaciones a pocas semanas de iniciar la cosecha cafetera.
En los últimos días, los campesinos asentados en la zona limítrofe entre ambos municipios, ubicada entre las subregiones del Occidente y el Suroeste de este departamento, denunciaron que integrantes de esa organización armada recorren las fincas y les exigen entregar listados con las identidades de los trabajadores que serán contratados para la próxima cosecha, y que hasta empezaron a cobrar “vacuna” por cada carga de café.
Según alertan varias autoridades locales, aunque estas amenazas no son nuevas, las denuncias de las últimas semanas ilustran el cada vez más el férreo control que ejerce esa agrupación armada al margen de la ley en el territorio, a pesar de los operativos de la Fuerza Pública.
Las denuncias más recientes se conocieron el pasado miércoles 26 de julio, luego de que habitantes de ese municipio hicieran público el problema ante varios medios de comunicación, con reserva de su identidad por temor por sus vidas.
“Nos están haciendo muchas advertencias. Una de ellas es que hay que pagar $50.000 por carga de café vendida. Que hay que ir sí o sí a los convites de los arreglos de carretera y para el que no vaya la multa es de $2 millones. Y que, sí es frecuente la no asistencia, ellos dicen que van a matar a unos dos o tres campesinos para que los demás cojan escarmiento. Los jóvenes se están viendo muy acosados por esa gente, porque les están diciendo que ellos deben estar en los grupos armados”, expresó un campesino de Anzá.
Tras ser consultados sobre esa situación, autoridades de ese municipio confirmaron que este tipo de denuncias son comunes durante los últimos días y encajan con los problemas de orden público que se presentan previo a la cosecha.
“Los hechos allí mencionados hacen referencia a lo que se viene presentando cada que va iniciar la temporada de cosecha cafetera, en la que los grupos al margen de la ley que hacen presencia en las subregiones de Occidente y Suroeste ejercen presión sobre los productores cafeteros”, señaló el alcalde de Anzá, Andrés Felipe Holguín.
Carlos Zapata Cardona, presidente del Instituto Popular de Capacitación, IPC, dijo que un factor que explica el incremento de esas prácticas son los cambios que han sufrido las rentas de ese grupo delictivo.
Durante los últimos meses el contexto adverso que enfrenta la coca para comercializarse en el mercado de las drogas ha empujado a ese grupo armado ilegal a mantener sus finanzas por otras actividades ilegales o legales.
En el caso de los municipios de Anzá y Betulia esa situación se ha traducido en un incremento de las extorsiones a los finqueros, comerciantes y transportadores. Por otra parte, advirtió Zapata, las amenazas a los campesinos también dan cuenta del poder territorial del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en esa zona, que luego de varios años de confrontaciones ha conquistado el área.
Y es que durante los últimos años, sobre todo en la subregión del Suroeste antioqueño, las autoridades vienen responsabilizando a esa agrupación de varias masacres y acciones que generaron que otras estructuras asociadas a bandas como la “Oficina” perdieran terreno.
“Hace tres años, cuando era defensor, emitimos una alerta con elementos semejantes para todo el Suroeste de Antioquia (Andes, Jardín, entre otros). Justamente, el escenario se configuraba por el flujo de migración con ocasión a la cosecha y la emergencia de una plaza de mercado para el narcomenudeo”, recordó Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, señalando que durante los últimos años el Clan del Golfo está en una cruzada para adueñarse del cobro de extorsiones y el microtráfico en el Suroeste.
Juan Guillermo Valle, personero de Anzá, precisó que en el caso de ese municipio, aunque el Clan del Golfo hace presencia en casi todo el territorio, la situación más compleja es en los límites con el corregimiento Altamira, de Betulia, en donde se concentra la mayor parte de los caficultores.
Según denunció el servidor, pese a que desde 2020 las autoridades locales vienen pidiendo encarecidamente a los gobiernos departamental y nacional que se incremente el pie de fuerza, el municipio sigue teniendo apenas dos puestos de Policía, cada uno con diez uniformados para todo el territorio.
“Nosotros tenemos muy agravado el problema, sobre todo en las veredas que limitan con el municipio de Caicedo y Betulia. Cuando pedimos que se incremente el número de policías nos responden que no hay pie de fuerza. Eso ya viene desde hace más de tres años”, señaló.
Para conocer su diagnóstico sobre esa situación, este diario consultó con la Secretaría de Seguridad de Antioquia, pero hasta el cierre de esta edición esa dependencia no se había pronunciado.